El inicio de un nuevo año escolar siempre trae consigo emoción y expectativas, pero para nuestra familia, esta etapa comenzó con un desafío inesperado, a finales del año anterior, la pequeña escuela donde Adrián, nuestro hijo de 4 años con autismo, asistía cerró sus puertas debido a problemas de presupuesto. Esto nos llevó a buscar una nueva institución que no solo se adaptara a sus necesidades, sino que también compartiera nuestros valores y expectativas como padres.
Nos tomamos esta decisión con mucha seriedad, después de evaluar varias opciones, optamos por una institución pública que cuenta con muy buenos comentarios, tanto por parte de los padres como por la comunidad. Nuestra prioridad no era solo la cercanía a casa; buscábamos una escuela que pudiera ofrecerle un ambiente inclusivo donde se respetaran sus necesidades, sabemos que Adrián tiene un proceso de adaptación distinto, y para nosotros es esencial estar al tanto de todo lo que sucede en su día a día escolar, no se trata de ser controladores, sino de asegurar que, si ocurre algo inesperado, como una crisis o un accidente, podamos estar ahí para él de manera inmediata.
Cuando hablamos de una crisis, nos referimos a momentos en los que Adrián tiene momentos de sobreestimulación, protege mucho su espacio personal, en algunas ocasiones, no le gusta que lo invadan, siendo un niño muy afectivo y debido a su hiposensibilidad, le cuesta controlar la fuerza que aplica en sus movimientos, esto puede llevar, sin intención, a que haga daño a otros niños, lo que podría generar confusión y desbordar la situación. Nos preocupa que estas circunstancias sean malinterpretadas, por lo que siempre procuramos comunicarnos con las profesoras y estar atentos a cualquier necesidad o eventualidad.
Sin embargo, a pocos días del inicio de clases, notamos algo desconcertante: la institución no se había comunicado con nosotros sobre el estado de la matrícula, preocupados, decidimos visitar la institución para obtener respuestas. Al llegar, nos reunimos con el rector y su asistente, quienes admitieron que aún no habían revisado la documentación requerida, pero lo más impactante fue descubrir que no podíamos formalizar la matrícula debido a que Adrián es un niño autista y además no estaba asistiendo a terapias ocupacionales tema del que hablaremos en otra ocasión, según, esto era un “tema importante” para garantizar que la institución contara con el “apoyo necesario.”
La propuesta que nos hicieron nos dejó sin palabras: permitir que Adrián asistiera una semana a clases como período de prueba, durante esa semana, evaluarían su comportamiento y decidirían si sería admitido o no. Este planteamiento nos hizo reflexionar profundamente sobre lo que realmente significa inclusión en la educación.
¿Dónde está la inclusión cuando un niño debe ser evaluado bajo estas condiciones para determinar si merece estar en un espacio educativo? La educación es un derecho fundamental, no un privilegio sujeto a evaluaciones arbitrarias.
Para nuestra familia, esta experiencia deja una gran interrogante sobre cómo las instituciones entienden y aplican el concepto de inclusión, aún estamos aprendiendo, adaptándonos y buscando el mejor camino para Adrián, pero creemos firmemente que ningún niño debería ser sometido a este tipo de condiciones para ejercer su derecho a la educación.